A fines de julio los 34 países miembros del PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) aprobarían la homologación del Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR). Desde 2004 se viene trabajando en esta iniciativa.

La certificación también se extiende a la cadena de custodia. Apunta a garantizar legalidad, sostenibilidad y una mejora en la producción. De esta forma el país se alínea con Brasil, Chile y Uruguay.

En esta nota con la Ing. Florencia Chavat se analizan las principales características y las ventajas que representará para las PyMEs del sector. 

-¿Por qué se optó por un sistema de certificación nacional?

-Los productores primarios entendieron que era necesario tener alternativas de certificación. Estaba FSC, que era exitosa en el país, pero no había un plan que se ajustara mejor a la realidad local, y que empezara a incluir a los siempre postergados pequeños y medianos productores a los cuales por el tipo de norma les resultaba muy difícil acceder, con lo cual quedaban cada vez más relegados del mercado y de poder introducir buenas prácticas.

Nos planteamos que la producción forestal empieza en el bosque pero que si no transmitíamos el mensaje a toda la cadena de valor sería muy difícil llegar a buen puerto. Por ese motivo, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) trabajó mucho con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) –una de las dos cadenas más importantes– y también con la Federación Argentina Industria de la Madera y Afines (FAIMA), que nuclea a cámaras empresarias de fabricantes de muebles y procesamiento de la madera de todo el país. Además se sumó el apoyo de las estaciones del INTA. Así pudimos armar un entramado a nivel nacional.

-¿Cuáles fueron los primeros pasos?

-Se fundó la asociación que administra el Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR) y se presentó a la asamblea de PEFC en 2010. Tuvimos que demostrar un modelo de gestión inclusivo, abierto, participativo, con múltiples oportunidades para los actores del sector forestal. Evaluaron nuestro sistema de gobernanza y nos aceptaron, con lo que el sistema quedó constituido, pero para que los productores empezaran a certificar había que homologarlo. Para esto había que cubrir costos y eso fue una gran limitante.
Después de trabajar mucho con el Ministerio de Agricultura y con los proyectos forestales administrados por la Unión de Cambio Rural (UCAR), se entendió que ser socios del CERFOAR podía ser una buena herramienta para incorporar mejores prácticas y lograr una mejora no sólo a nivel de bosques, sino también en el aspecto comercial. El año pasado el Ministerio se asoció y mediante un proyecto del Banco Mundial financia los honorarios de evaluación. Y en agosto de 2013 la Secretaría Técnica del PEFC aceptó nuestro pedido de puesta en evaluación.

-¿Cuáles son los pasos y los tiempos para la evaluación?

-PEFC tiene un procedimiento estricto sobre cómo debe ser y los plazos a cumplir. El primer paso fue una evaluación documental que duró dos meses. Nos enviaron un cronograma de trabajo y comenzó el intercambio de información. En las situaciones donde no quedaba claro lo que estaba dicho fueron pidiendo más evidencia documental.
El 27 de enero recibimos el primer borrador de evaluación donde estaban contenidas las no conformidades, 6 de las cuales eran “mayores” (si no se corrigen no se puede homologar). Además había 16 “menores” y 14 preguntas abiertas. En total eran más de 400 páginas y el plazo que nos dieron para levantar las no conformidades fue de apenas 15 días.
El descargo de Argentina se presentó en término y para que esto se lograra CERFOAR contó con la valiosísima colaboración de muchas organizaciones y técnicos. El IRAM puso a disposición a los responsables del Sistema de Gestión de la Calidad para ayudarnos a responder las “no conformidades”relacionadas a la elaboración de las normas, que es algo crítico en los sistemas. Con el SENASA, a través de la dirección de Registro de Agroquímicos, se hizo una revisión de todos los agroquímicos del sistema de registro nacional, se relevaron cuáles fueron específicamente formulados para uso forestal y nos entregaron un listado oficial. También trabajamos estrechamente con la Dirección de Bosques.
A la semana siguiente de presentar el descargo llegó la auditoría a Buenos Aires con una agenda muy completa. Y en esta etapa también el CERFOAR contó con la inestimable colaboración de varias organizaciones y técnicos de las mismas que accedieron de la mejor forma a reunirse con el auditor alemán sin importar fecha ni horario (el trabajo se extendía de 9 a 18 horas).
Hubo reuniones con IRAM; la Comisión Directiva del CERFOAR; con la empresa Ederra y Papel Prensa; INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas); INTA; Dirección de Bosques; Secretaría de Ambiente; Dirección de Producción Forestal; SENASA; ONG’s ambientales.

-¿Cómo sigue el proceso?

-Los auditores presentaron el informe final a la Secretaría Técnica PEFC con la recomendación que se le conceda a la Argentina el reconocimiento mutuo. Quedaron 4 no conformidades, entre las que se cuentan 3 administrativas (procedimientos administrativos generales del CERFOAR) y 1 de un procedimiento de atención de quejas de IRAM, que acepta cambiar el procedimiento como una oportunidad muy buena de mejora. Podemos decir que técnicamente hemos pasado la evaluación con la recomendación que el país debe ser homologado porque cumple con los requisitos PEFC. O sea que a partir de fines de julio el Sistema Argentino de Certificación Forestal podría contar con la homologación de PEFC en cualquier momento de este año.

-¿Qué representa para las empresas de nuestro país contar con un sistema de certificación propio con validez internacional?

-Me gustaría contestar en dos partes. La primera, como recalcaron los auditores alemanes que vinieron a evaluarnos, es que encontraron un sector forestal maduro y con muchas oportunidades de mejora para crecer. Lo vieron consolidado, porque es un sector que está entendiendo cuáles son los modelos productivos, a qué forma de producir debe apuntar. Eso se demuestra en que tres cámaras que representan intereses diversos se hayan unido en función de un objetivo común. Y en esta administración del sistema que es pública y privada, esos actores se sientan en la misma mesa para la toma de decisiones. Y que después de un proceso tan largo, porque el CERFOAR se empezó a pensar en 2004 ó 2005, hayamos pasado una evaluación tan rigurosa, sin asesoramiento externo porque no había recursos para contratar un consultor europeo, me parece que nos tiene que llenar de satisfacción y de orgullo.
Y la segunda parte, significa que nos van a empezar a mirar de otra manera, que vamos a ser un poco más creíbles. Eso puede facilitar que el país sea más atractivo para la inversión, que nuestros productos puedan acceder a mejores mercados, tener otro acceso a financiamiento.

-El sello cobra mayor importancia respecto a la tendencia de los países más desarrollados a aumentar las restricciones para la madera o los productos derivados que no puedan justificar un origen sostenible.

-Es cierto, son cada vez más restrictivos. Y esas restricciones no sólo se enfocan al punto de compra, sino que las entidades financieras ahora también están poniendo como requisito para otorgar créditos que estén certificados, o varían el valor de las primas de seguros respecto a la percepción de riesgo.
Estas herramientas hacen que se le quite presión al bosque nativo y que se lo empiece a gestionar para que sea productivo, durable, sostenible, y pueda competir con otras opciones productivas, que es la única forma de rescatarlo.

-El sistema de certificación se aplicará a la parte forestal y a la cadena de custodia. ¿Cómo está delimitada en este último caso?

- Primero se certifica que la gestión forestal que se hace sobre el bosque sea sostenible. De ese bosque se pueden obtener servicios y bienes, madereros y no madereros. Cada vez que ese producto de base forestal cambia de estado de transformación y de propiedad (del aserradero a la fábrica de muebles, de la fábrica de muebles al distribuidor, etc.) debe ser sometido a un proceso de trazabilidad y certificado con la cadena de custodia. Entonces, ese mensaje de “este producto de base forestal fue elaborado con fuentes producidas de manera sostenible” se puede trasladar del bosque al consumidor final, esa es la cadena de custodia.

-Los medianos y pequeños productores siempre plantearon reticencias a certificar porque se le planteaban muchas exigencias y los costos eran altos. ¿Qué cambia con el CERFOAR?

-Las normas que permiten la evaluación de la gestión en el bosque fueron elaborados a partir de condiciones locales, y no pensando solamente en las necesidades de las grandes empresas sino poniendo especial foco en las PyMEs, esto ya marca una diferencia importante. Pero además, la autoridad de aplicación del Estado, es la dirección de Producción Forestal que ha decidido apoyar a través de un proyecto, que se aprobó el año pasado con financiamiento del BID, acciones que promuevan que los productores forestales medianos y pequeños alcancen niveles aceptables de legalidad (que trabajen en blanco, con todo lo que significa en lo laboral, lo impositivo y lo comercial) y que después incorporen mejores prácticas. El proyecto genera las condiciones, les da recursos técnicos y económicos a los productores chicos para que alcancen los niveles de desempeño legales y forestales suficientes para poder certificar. Eso me parece importantísimo.

-¿Hay metas estimadas sobre cantidad de empresas a certificar con CERFOAR?

-Hay empresas que ya se comprometieron a certificar. Compraron por adelantado años de uso del logo CERFOAR-PEFC. Son empresas medianas a grandes que hicieron una gran apuesta. Cuatro empresas son de Misiones, hay una empresa de Entre Ríos, una de Corrientes. Y hay otras dos de Misiones que han pedido presupuesto. Otra muy buena noticia es que están aumentando las demandas por certificación de cadena de custodia, y que Papel Misionero ha definido iniciar su auditoría con CERFOAR para certificar Gestión Forestal Sostenible para fines de julio.

-Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las dificultades que se le pueden presentar a las pequeñas empresas?

-En realidad, para una empresa mediana o pequeña, los gastos más grandes son lo que llamamos costos indirectos, adecuarse a la legalidad (impuestos, costos laborales, etc.). Además debe incorporar mejores prácticas, hacer un poco mejor las cosas y ordenar su gestión. Estos son los costos más grandes para un pequeño productor, porque no tiene los recursos humanos ni técnicos y los tiene que contratar externamente. Otra limitante puede ser la capacidad de agruparse, trabajar en grupo es más simple y más económico. Difícilmente un productor pequeño solo pueda alcanzar una certificación, y si la alcanza no le será fácil mantenerla en el tiempo.

-En nuestro país ya hay experiencias en el sector forestal de trabajo en conjunto.

Sí, es cierto y es bueno que lo menciones. Con FSC, que en algunos puntos es bastante más exigente que PEFC, hubo experiencia de certificación de pequeños productores. Un grupo en Mendoza (no se si sigue funcionando hoy) y otro en la Provincia de Buenos Aires, que sí lo mantiene. También un grupo de empresas medianas en Corrientes, en ese caso fue más fácil porque siempre estuvo pensado como grupo. 

-¿Desde el punto de vista regional, en el futuro podría pensarse en un sistema de certificación Mercosur?

-Pensarlo como Mercosur es más difícil. La ventaja que tiene PEFC es que le dice a sus países miembros: “en función de estos presupuestos mínimos, que todos los sistemas deben cumplir respecto a la elaboración de normas, contenidos técnicos mínimos de gestión forestal sostenible, y procedimientos de certificación, cada país debe construir de acuerdo a sus capacidades y realidades sus propios sistemas de certificación valiéndose de las organizaciones preexistentes”. Pero lo importante es “adaptadas a las condiciones locales”. Ya nuestro país tiene diferentes condiciones intra-región. No es lo mismo la realidad forestal misionera que la correntina y están pegados, que la entrerriana, o que la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya es complejo homogeneizar un sistema para la Argentina. Lo que sí tienen es que los productos certificados con el CERFOAR pueden alimentar cadenas de valor PEFC de Brasil y al revés. Lo mismo que con Uruguay o intercambiar con Chile. Estos países tienen sus sistemas homologados por PEFC, pensar en cadenas de valor regionales es muy interesante.

-¿Los fondos aportados por la UCAR también pueden volcarse a campañas de difusión?

-Está pensado como un plan de comunicación. Por un lado, para estimular la oferta de productos certificados, trabajar con los productores primarios y la forestoindustria para que aumenten la oferta de productos certificados. Pero también para trabajar con la demanda, para que los consumidores y empresas empiecen a entender cuáles son los beneficios de esto y empiecen a demandar.

-¿Está previsto que las compras de productos forestales que realice el Estado Nacional tengan que tener certificación CERFOAR?

-El año pasado la Oficina Nacional de Contrataciones presentó un manual que contiene las directrices para la contratación de compras públicas. Identificaron cuáles son los rubros que el Estado compra, los que se compran en mayor cantidad, y rastrearon si existen este tipo de certificaciones voluntarias o de directrices de buenas prácticas para obligar a los agentes de compras del Estado a que repensaran la compra pública. Es decir, si van a comprar productos de base forestal, que verificaran si había en el mercado en iguales condiciones productos certificados, en ese caso hace una mención especial al CerFoAr por ser un sistema argentino. Que quede en claro que no obliga a comprar sino a pensar y preferir en el caso de existir.

Roberto Luis Minoli