A pesar de la pandemia y de los problemas que se presentaron para trabajar, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial logró pagar durante 2020 la suma de $ 287.377.184 pesos en subsidios correspondientes a planes presentados bajo el Régimen de Promoción Forestal de la Ley 25.080. De esta forma se ejecutaron los fondos acumulados con el aporte del Seguro Verde (aporte voluntario de algunas compañías de seguro, del 1% del valor de cada póliza digital de automotores, motos y camiones de carga, que a diciembre de 2019 acumuló unos $788 millones).

Es una buena noticia pero que lamentablemente no llama a festejo al sector privado, cuyos representantes vienen manifestando su preocupación respecto a la falta de financiamiento de la ley de promoción, ya que en el Presupuesto de 2021 solo se asignaron fondos para este concepto por $67 millones. El panorama es aún más preocupante, dado que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no avalaría el sistema por lo que este año sería inviable el pago de planes de forestación.

Para el sector privado no hay duda que el aporte del Seguro Verde es fundamental en el desarrollo de las metas del programa forestal. "Es una herramienta importantísima que permitió en dos años beneficiar a más de 1.100 pequeños y medianos productores forestales, a lo que debemos sumarle que es un sistema realmente sano y transparente, direccionado a cada forestador, con fiscalizaciones de las provincias, con controles satelitales y se puede ver en la web", aseguró Osvaldo Vassallo, presidente de la Asociación Forestal Argentina - AFoA.

En la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial dicen que se están buscando distintas alternativas para consolidar un fondo. Una de ellas es que la Superintendencia de Seguros acepte continuar con el sistema reduciendo a la mitad el aporte (0,5%) pero convirtiendo el aporte en obligatorio para todas las compañías.

Tema para cambiar

Según explicó Daniel Maradei, Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, de los $287 millones pagados este año, $38 millones (7.000 hectáreas) corresponden a resoluciones que no fueron ejecutadas en 2019.

En este punto el funcionario expresó su preocupación, ya que "las actividades que se pagaron fueron realizadas desde 2003 hasta 2018. Podría decirse que 2003 es una excepción, pero también hay muchísimos planes de 2008, 2009 y 2010. Es un tema que tenemos que revertir entre todos los que participamos del régimen de promoción, y es el motivo fundamental por el cual estamos modificando la Resolución que opera la Ley 25.080".

En la reunión de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 realizada en diciembre, el funcionario calificó como impactante las cifras que se manejaron desde la creación de la Ley de Promoción. "Se pagaron $ 2.350 millones que, tomando el valor del dólar según cada fecha de pago, equivalen a 251 millones de dólares, beneficiando a más de 45.000 pequeños y medianos forestadores".

Políticas a futuro

Maradei explicó que el Acuerdo Económico y Social que está llevando adelante el gobierno junto a sectores privados y sindicatos, en lo que se refiere a la forestoindustria define como estrategia atraer las inversiones forestales y promover la construcción en madera para tener un impacto positivo en la formalidad laboral del sector estableciendo seis puntos de consenso (ver nota de tapa).

También aclaró que, hacia adelante, en la Dirección se piensa que los reembolsos por podas y raleos solo deben aplicarse a plantaciones amparadas por la Ley 25.080, y que van a facilitar el apoyo económico a la utilización de materiales que tengan genética de avanzada para mejorar la eficiencia. Asimismo se simplificará la presentación de los planes plurianuales "que fueron bastante desvalorizados durante estos 30 años de vigencia de la ley". Adelantó que entre las acciones para aumentar la tecnificación los planes desde dos hectáreas deberán ser firmados y acompañados por profesionales, y se tratará de resolver los problemas que existen con los de menos superficie, que en algunos casos llevan más de 10 años paralizados. Después de hacerlo – continuó – "pretendemos hacer acuerdos con las provincias para ver cómo podemos ayudarlos en este tema con recursos tanto provinciales como del Ministerio (agricultura familiar)".

Respecto a la Resolución que marca los nuevos criterios y pasos a tener en cuenta para la presentación de planes forestales, Maradei señaló que en estos momentos se encuentra en la revisión de los últimos aspectos legales en la Secretaría y que se espera poder contar con esta importante herramienta antes de fines de enero. "Todos los temas incluidos los fuimos analizando con los técnicos de la Dirección y el sector privado durante todo el año, por lo que estamos seguros que prácticamente no habrá cambios. La idea es que apenas la tengamos haremos una reunión de la Comisión Asesora o la circularemos rápidamente", concluyó Daniel Maradei.

Por Roberto Luis Minoli