El 18 de marzo se llevó a cabo la primera reunión virtual del año de la Comisión Asesora de la Ley Nacional 25.080 de ‘’Inversiones para Bosques Cultivados’’ con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, técnicos de las áreas forestales provinciales, de la Dirección Nacional y representantes de organizaciones del sector privado.

 Si bien no estaba dentro del temario preestablecido, la falta de financiamiento para el Régimen de Promoción constituye el problema fundamental con el que se enfrentan los productores forestales y la industria, ya que desde la Dirección se habían solicitado $ 700 millones para este año y en el Presupuesto sólo se incluyeron $ 67 millones. Este recorte drástico provocará un nuevo atraso en el pago de los planes forestales, ya que actualmente se están pagando planes de 2017 y en poco tiempo se agotarán los fondos.

 En representación del sector privado los presidentes de las entidades que en diciembre pasado conformaron el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) –AFoA; FAIMA; AFCP; y ASORA– y que en conjunto representan a toda la cadena de valor de la foresto industria, también presentaron esa inquietud al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el marco del Acuerdo Económico y Social lanzado por el gobierno en octubre de 2020.

 Asimismo, en la mesa de competitividad de Foresto Industria - Madera - Muebles - Celulosa y Papel, con la coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se consensuaron seis líneas de acción para trabajar durante 2021 una de las cuales se plantea ‘’Sostener el financiamiento de los instrumentos consagrados por la ley para el estímulo de la forestación’’ (Ver ASORA Revista 152).

 El problema no es nuevo, ya que desde 2018 a 2020 los atrasos en los pagos de los planes pudieron ser enfrentados por la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial gracias a los fondos del Seguro Verde (aporte voluntario de algunas compañías de seguro del 1% del valor de cada póliza digital de automotores, motos, camiones de carga) que a diciembre de 2019 acumuló unos $ 800 millones.

Los principales temas tratados en la reunión

Seis temas se presentaron en la agenda para la reunión de la Comisión Asesora: Resolución 22/21; Decreto reglamentario Ley N°27.487; Derechos de exportación; Exportación de rollos; Leyes de adhesión provincial; Acuerdos pequeños forestadores.

 Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial explicó que la Resolución fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 17/03/21 y los anexos pueden consultarse en el link: www.magyp.gob.ar/normativa/

 En su exposición, Maradei fue puntualizando en forma pormenorizada cada uno de los artículos incluidos en la Resolución 22/21 y describiendo las razones que impulsaron los cambios que se introdujeron ‘’se pretendió mejorar, agilizar y transparentar la operatoria del Régimen de Promoción’’, dijo Maradei.

Derechos de exportación

Según Daniel Maradei, desde que comenzó la pandemia se viene discutiendo el tema de los derechos de exportación. Remarcó que lo primero que se consiguió fue que se considerara a la actividad forestal como economía regional. Esto permitió que se logre una rebaja de aranceles para productos forestales. ‘’Habíamos pedido que los aranceles de tablas y remanufacturas pasen a cero, pero no lo logramos’’, señaló.

 El funcionario explicó que el Ministerio de Economía definió que los derechos se apliquen sobre el incremento de producción y no sobre el total de la exportación. Aclarando que se está trabajando con el ministerio de Desarrollo Productivo y en el Consejo Económico y Social para cambiar ese criterio apoyando la justificación en que ‘’si reducimos los derechos, se va a incrementar la producción porque tenemos materia prima, capacidad instalada y demanda. Si así fuera se incrementaría el consumo de madera, lo que significa aumento de impuestos para el Estado, sobre todo el incremento dado por los impuestos al gas oil (transporte)’’.

Exportación de rollos

Maradei manifestó que las exportaciones de rollos estaban generando una discusión muy grande, incluso –dijo– algunos sectores llegaron a plantear que se debía prohibir esta posibilidad.

 En la Dirección estamos absolutamente en desacuerdo con prohibir la exportación de rollos –aclaró– porque el país necesita ingresar divisas y además, ‘’los rollos provienen de regiones en las cuales tenemos exceso de oferta de madera y no hay suficiente demanda en la industria como para que el productor primario pueda llegar a tener una rentabilidad normal adecuada, aceptable’’.

 Más adelante relató que ha tenido chacras en el norte de Corrientes donde el raleo de pinos lo tuvo que dejar tirado.

 Por otra parte, apuntó que es muy claro que si hay un productor que tiene un material que no tiene demanda tiene todo el derecho y la justificación para poder exportarlo. ‘’Es cierto que al generarse la demanda se producen una serie de desacoples como por ejemplo en la logística con una oferta limitada de camiones que pueden no alcanzar para abastecer al mercado interno y a la exportación, y esto provoca ruido’’.

 ‘’Nosotros pensamos que, si el productor tiene una buena demanda, un buen precio, no va a haber problemas para seguir plantando. Sería bueno que los industriales también desarrollen su propia materia prima. Hoy son contados los industriales con autoabastecimiento o un alto porcentaje de abastecimiento’’.

 Comentó –además– que en Misiones ahora se va a volver a trabajar sobre precio de la madera rolliza. ‘’Creo que será una buena oportunidad para ver si los precios que se están pagando son lógicos o están desfasados. Estamos recibiendo un informe de una consultora internacional donde marca que los precios que se pagan por la madera en la Argentina son los más bajos del mundo. Esto, más un estudio que se hizo en Corrientes, que determina un crecimiento anual de 9 millones de metros cúbicos con una demanda de 5 millones de metros cúbicos, nos inclina a pensar que la exportación de rollos no debería ser un problema´´.

Plantaciones energéticas

En el artículo 8 de la resolución se incluyen ahora las plantaciones energéticas con materiales de alta densidad de madera y capacidad de rebrote.

 El retorno será rápido, entre 4 o 5 años. Su costo es más alto ya que se usan materiales clonales y la densidad es mayor pero el costo se calculará según la mayor densidad que se establezca anualmente para la región o provincia donde se hicieron las plantaciones.

 Se apoyarán la plantación y el manejo del rebrote. Y sólo se podrá solicitar otro plan sobre ese mismo terreno recién en el año 12 (ciclos de 4 años y 3 rebrotes).

 Para Miguel Almada, director de Bioenergía del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y Coordinador Nacional del Proyecto (Probiomasa) la inclusión de las plantaciones energéticas en la Ley es un logro importante porque permitirá impulsar muchos proyectos bioenergéticos, y puso como ejemplo los presentados en el Programa RenovAr. Hasta ahora el problema era dónde aprovisionarse de materia prima, concluyó Almada.

Modificación en la matriz de costos

La meta es tener los costos a disposición de los inversores con anticipación, ‘’aunque esto lo lograremos en poco tiempo’’, comentó Maradei.

 Se modificó la matriz porque llegar a 2 millones de hectáreas cultivadas en 2030 es casi imposible. A criterio del funcionario ‘’lo importante no es la superficie cultivada sino disminuir las emisiones y aumentar la captación de CO2’’.

 Para esto –continuó– ‘’se premiará el uso de material mejorado de establecimientos inscriptos, también de rodales certificados e inscriptos (con la factura de compra se certifica). Propiciar las tareas que no consuman en demasía combustibles fósiles. Si un productor considera que para mejorar el suelo hay que hacer una pastura en el año anterior a la plantación o implantar un verdeo como cobertura verde, también se considerará en los costos’’.

 Además anunció que para los planes de hasta 20 hectáreas se va a hacer un reconocimiento directo en los costos para compensar en parte lo que demande la contratación de los profesionales.

Por Roberto Luis Minoli