El 15 de julio pasado el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley por el que se crea en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados, sus modificatorias y complementarias.

 

El proyecto que desde sus inicios había sido bautizado como "Seguro verde" -una denominación que buscó hacerlo más cercano a la comprensión pública generalizada- prevé que el PROSAS destinará el 10% de los aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal-industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487. Parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacitación sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta 2,5% a los efectos de apoyar la gestión de las Autoridades de Aplicación Provincial de acuerdo a lo ejecutado en cada jurisdicción.

 

En la redacción final del artículo 2 se introdujo una modificación a la iniciativa que había presentado el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos), estableciéndose que el PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor en una proporción del 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091 (Ley de entidades de seguro y su control).

 

El proyecto aprobado en el Senado que contó con 51 votos afirmativos, 10 abstenciones y sólo 1 voto negativo (senadora María Clara del Valle Vera, de la Provincia de La Rioja), establece que los recursos serán aplicados al pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la ley 25.080 y sus prórrogas 26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley para Inversiones en Bosques Cultivados.

 

Un dato importante que se incluye en el artículo 3 es que en "caso que existiera remanente presupuestario no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente"; y este excedente "será considerado intangible para todo fin no relacionado con los objetivos de la presente ley".

 

Finalmente se establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación será la autoridad de aplicación en los aspectos relativos a la administración y transferencia de los recursos, y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial lo será de acuerdo a la aplicación y utilización de dichos fondos conforme a los mecanismos dispuestos por la ley 25.080.

 

Apenas se conoció la noticia de la media sanción el director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Daniel Maradei expresó su satisfacción. "Indudablemente este proyecto presentado por el senador Closs tuvo un apoyo importante de varios sectores, y resultó fundamental el acompañamiento y las gestiones realizados por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Ahora queda redoblar esfuerzos para que se logre el acompañamiento en Diputados”, dijo el funcionario.

 

 

Sin el aporte del PROSAS la promoción forestal no es posible

 

Desde enero de 1999 cuando se reglamentó la ley 25.080 podría decirse que la forestación adquirió el estatus de política de Estado, ya que a través de sus prórrogas (ley 26.432 y ley 27.487), los diferentes gobiernos siguieron impulsando la forestación y también a la foresto industria, por considerarlas con gran potencialidad de desarrollo futuro. Tomando en consideración para esto, que no solo actúa como una importante fuente de absorción de gases de efecto invernadero (GEI), sino también que por la localización de las plantaciones y sus principales polos productivos de industrialización, tiene un fuerte impacto como dinamizador de las economías regionales y se traduce en la creación intensiva de fuentes de empleo.

 

Pero por las distintas crisis económicas que sufrió el país, nunca se pudo disponer de los fondos necesarios para lograr el financiamiento de la ley, incurriéndose en atrasos significativos en concepto de aportes no reintegrables a los productores, que por los efectos de la inflación sufrieron la depreciación de los montos a cobrar perdiendo todo incentivo en apostar a una actividad que hay que medirla a 15 años en promedio.

 

De esta forma, en lugar de forestar a un ritmo de 100.000 hectáreas por año para poder cumplir con los objetivos fijados en la ley de promoción, apenas se alcanzan 30.000 hectáreas anuales, que no solo son insuficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que la mayor industrialización de los recursos maderables podrían conducirnos a un "apagón forestal".

 

La pregunta es: ¿tiene sentido haber invertido tiempo, recursos y esfuerzo por más de 20 años en un Régimen de Promoción Forestal desfinanciado que nunca cumplirá el objetivo que persigue la ley?

 

 

Antecedentes del seguro verde

 

A través de la Resolución 219/2018, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)  reglamentó la póliza digital automotor e impulsó también la digitalización de todas las pólizas de seguro, entre otras medidas.

 

De acuerdo a los cálculos del organismo, la despapelización de los seguros le generaba a las compañías un ahorro del 1%  sobre el valor de cada póliza (tramitación, armado, envío y archivo del documento).

 

La SSN propuso a las aseguradoras que voluntariamente destinaran los recursos ahorrados a financiar parcialmente la Ley de Promoción Forestal (Ley N°25.080). Más de una decena de compañías adhirieron al Seguro Verde.

 

Para administrar el flujo de los fondos aportados, a través de una resolución conjunta de la SSS y la entonces Secretaria de Agroindustria, se creó el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros “PROSAS”, donde se estableció el destino  de ese 1%:  por un lado, la mayor parte de los fondos (90%) se dirigía al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para promover inversiones en nuevos emprendimientos forestales, junto con un cronograma de fechas de cobro y distribución. El restante 10% se destinaba a acciones de promoción de la cultura aseguradora a través de campañas publicitarias.

 

Desde su implementación hasta diciembre de 2019 el Seguro Verde había otorgado algo más de 640 millones de pesos para forestaciones en 17 provincias, sumando una superficie de más de 120 mil hectáreas, quedando un saldo para ejecutar correspondiente al tercer trimestre de 2019 de 154 millones de pesos, de acuerdo a la rendición presentada en la reunión de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 realizada en diciembre de 2019 (ver gráfico). La actualización de esos datos llevó el monto hasta unos 788 millones de pesos.

 

Las cifras demuestran claramente que el PROSAS se transforma en una herramienta importantísima que permitió en dos años beneficiar a más de 1.100 pequeños y medianos productores forestales, a lo que se debe sumar que es un sistema realmente sano y transparente, direccionado a cada forestador, con fiscalizaciones de las provincias, y con controles satelitales.

 

 

Preocupación en el sector privado

 

Todo indicaría que el proyecto no debería encontrar obstáculos para convertirse en ley en Diputados, ya que cuenta con el apoyo oficial y que en 2018 el gobierno de Juntos por el cambio fue precisamente el impulsor y creador del PROSAS, incluso el presidente Macri incluyó a la foresto industria entre los sectores estratégicos a desarrollar en el futuro.

 

Pero el proceso eleccionario podría ocasionar demoras para la sanción, ya que no sesionaría la Cámara de Diputados. Con tal motivo el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) - entidad integrada por representantes de toda la cadena foresto-industrial: la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA) y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) le presentó una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, poniéndose a disposición "a fin de informar sobre la importancia económica, social y ambiental que tiene el pronto tratamiento del proyecto de Ley de creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS)".

 

Se aclara que la mitigación y adaptación al cambio climático se han convertido en la agenda global más urgente. "La aprobación del proyecto de la Ley en la Cámara de Diputados es imprescindible para lograr el financiamiento correcto de la Ley Nº 25.080, lo que colaborará a aumentar la tasa de plantaciones forestales y al enriquecimiento de bosques nativos en forma sostenible desde lo ambiental, lo social y lo económico".

 

Más adelante se explica que la foresto-industria de Argentina se provee en un 95% de madera proveniente de dichas plantaciones. El agregado de valor incluye la producción de celulosa y papel, madera y tableros para viviendas y muebles, energía eléctrica y térmica, y diversos productos químicos. "Con 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas, la foresto industria emplea en forma directa y formalmente a unas 100.000 personas y exporta alrededor de US$ 700 millones anuales".

 

Luego de reseñar la tendencia mundial de multiplicar sustancialmente la plantaciones de árboles, aclara que "dentro del Acuerdo de Paris, Argentina se ha comprometido a lograr un patrimonio de plantaciones forestales de 2 millones de hectáreas para el 2030, con un aumento de 700.000 ha. sobre la superficie actual de 1,3 millones, lo que permitiría una absorción de 18,06 millones de toneladas de CO2eq en 2030. Esto implica aumentar la tasa de plantación a unas 100.000 ha. anuales, o un 300% lo que se planta actualmente".

 

Según CONFIAR el costo estimado de plantar 1 ha. de árboles en Argentina es menos de la mitad al estimado en la Unión Europea, siendo de alrededor de US$ 1.000/ha. Plantar 100.000 ha. por año equivale a una inversión de 100 millones de dólares anuales. O, en pesos, invertir bastante más de 10 mil millones de pesos anuales. "Evidentemente, para lograr triplicar la tasa actual de forestación, se deberá apelar a múltiples fuentes e incentivos".

 

Luego de trazar los problemas de financiamiento que tuvo la Ley 25.080 señala que la aprobación de este proyecto de ley "permitirá una nueva oportunidad -en este contexto de emergencia climática y social- de generar empleo, desarrollo y mitigación del cambio climático dando certeza al financiamiento le la Ley Nº 25.080, que ya no surgirá del Presupuesto –que compite con la asignación a salud, la educación y la inversión social-sino que será financiado por aportes directos de aquellos vinculados a la emisión de gases de efecto invernaderos, como son los usuarios de automotores".

 

Según trascendió, notas similares se estarían enviando a Carlos Heller (Presidente de la Comisión de presupuestos); Máximo Kirchner (presidente Bloque Frente de Todos) y Mario Negri (presidente Juntos por el Cambio.

 

 

Por Roberto Luis Minoli

 

  

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