El 7 de diciembre pasado el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Dominguez sorprendió a todo el sector de la foresto industria anunciando un programa por el cual en 2022 se van a plantar 100 millones de árboles en todo el país, destacando que se llevará a cabo “pensando en el presente y en las futuras generaciones, poniendo en valor el cuidado del ambiente”.

Esa primera mención del plan fue hecha en el Ministerio, en el marco de la primera reunión presencial en tiempos de pandemia, convocada para la presentación de la actualización de los inventarios forestal e industrial a nivel nacional.

El 15 de febrero pasado el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, mantuvo una reunión en la que participaron el ministro Dominguez y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Educación, Jaime Perczyk; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para monitorear la implementación del “Plan Nacional de Forestación”. Fue la segunda vez en la que se aludió al plan, pero ahora en una instancia superior.

Al finalizar la reunión Manzur dijo:“La agenda ambiental es una prioridad para el Gobierno nacional, y una política pública que busca poner en valor la protección del ambiente, en el convencimiento de que sólo cuidando el medio en que vivimos podemos desarrollarnos y proyectar el futuro”, y añadió que “hay una decisión del Estado nacional de articular con las provincias, los municipios y el sistema educativo para coordinar y fortalecer la implementación de este programa a nivel federal”.

Finalmente, el 1 de marzo, el Presidente Alberto Fernández volvió a referirse al tema, en su discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias 2022. “Avanzaremos en un Plan Nacional de Forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023. Los árboles son el mecanismo natural manejable más eficiente para la captura de carbono”.

En las tres instancias mencionadas no hubo precisiones ni se profundizó en ningún aspecto, sin embargo se puede especular que al ser tomado por el Presidente Fernández el plan deja de ser un anuncio para pasar a formar parte de la agenda futura del Gobierno para el sector.

La visión del sector foresto industrial

Al ver crecer las posibilidades que el plan se ponga en acción, el sector de la foresto industria representado en CONFIAR por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP); Asociación Forestal Argentina (AFoA); Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA); y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA); presentó una carta al Ministro Julián Domínguez, reiterando el pedido de reunión realizado el 24 de enero pasado con carácter de urgente.

Desde CONFIAR se indica que la plantación de 100 millones de árboles es una oportunidad, si se destinan entre sus objetivos, a sistemas foresto-ganaderos con triple propósito: carne, madera y carbono, que facilitaría la certificación de la carne carbono neutro en sistemas de manejo sostenibles.  Y se aclara que el uso de la madera “es el producto estrella para la descarbonización de múltiples cadenas productivas tanto de la construcción, como de la energía, los papeles y embalajes, los textiles y la química verde como sustitutos de productos de origen fósil o no renovables”.

Asimismo, la entidad señala que este aporte ha sido cuantificado en el Cuarto Informe Bienal de Actualización a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático presentado por Argentina en diciembre de 2021, en el cual se muestra que hay solo dos sectores en el Inventario de GEI del país con emisiones negativas del CO2: la forestación y el uso de la madera.

En otro orden, se acentúa que para darle continuidad a las plantaciones y la inversión en el agregado de valor, se solicita el apoyo al ministro para avanzar en un proyecto de ley de promoción de grandes inversiones foresto-industriales, “que permitiría atraer inversiones para más que duplicar el empleo y las exportaciones actuales; y la sanción del proyecto de Ley que crea el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS) para financiar la Ley 25080, de promoción de bosques cultivados”.

CONFIAR manifiesta que "avanzar en la plantación de 100 millones de árboles sin estrategia clara conlleva riesgos’’ y puntualiza que ese proyecto “integrado a la Ley 25080 y articulado con políticas ganaderas y de promoción industrial, podría generar un impacto importante en la mitigación del balance de carbono del sector agropecuario y al mismo tiempo, generar inversiones con la creación de más de 100.000 empleos, divisas y con ello, una transición con inclusión en el proceso de desacarbonización que tiene como objetivo el país”.

El PROSAS con media sanción del Senado

El 15 de julio pasado el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley por el que se crea en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados, sus modificatorias y complementarias. 

El proyecto que desde sus inicios había sido bautizado como "seguro verde" - una denominación que buscó hacerlo más cercano a la comprensión pública generalizada - prevé que el PROSAS destinará el 10% de los aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal-industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487. Parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacitación sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta 2,5% a los efectos de apoyar la gestión de las Autoridades de Aplicación Provincial de acuerdo a lo ejecutado en cada jurisdicción.

En la redacción final del artículo 2 se introdujo una modificación a la iniciativa que había presentado el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos), estableciéndose que el PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor en una proporción del 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091 (Ley de entidades de seguro y su control).

El proyecto aprobado en el Senado que contó con 51 votos afirmativos, 10 abstenciones y sólo 1 voto negativo (senadora María Clara del Valle Vera, de la Provincia de La Rioja), establece que los recursos serán aplicados al pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la ley 25.080 y sus prórrogas 26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley para Inversiones en Bosques Cultivados.

Un dato importante que se incluye en el artículo 3 es que en "caso que existiera remanente presupuestario no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente"; y este excedente "será considerado intangible para todo fin no relacionado con los objetivos de la presente ley".

Finalmente se establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación será la autoridad de aplicación en los aspectos relativos a la administración y transferencia de los recursos, y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial lo será de acuerdo a la aplicación y utilización de dichos fondos conforme a los mecanismos dispuestos por la ley 25.080.

Sin el PROSAS la promoción forestal no es posible

Desde enero de 1999 cuando se reglamentó la ley 25.080 podría decirse que la forestación adquirió el estatus de "política de Estado", ya que a través de sus prórrogas (ley 26.432 y ley 27.487), los diferentes gobiernos siguieron impulsando la forestación y también a la foresto industria, por considerarlas con gran potencialidad de desarrollo futuro. Tomando en consideración para esto, que no solo actúa como una importante fuente de absorción de gases de efecto invernadero (GEI), sino también que por la localización de las plantaciones y sus principales polos productivos de industrialización, tiene un fuerte impacto como dinamizador de las economías regionales y se traduce en la creación intensiva de fuentes de empleo.

Pero por las distintas crisis económicas que sufrió el país, nunca se pudo disponer de los fondos necesarios para lograr el financiamiento de la ley, incurriéndose en atrasos significativos en concepto de aportes no reintegrables a los productores, que por los efectos de la inflación sufrieron la depreciación de los montos a cobrar perdiendo todo incentivo en apostar a una actividad que hay que medirla a 15 años en promedio.

De esta forma, en lugar de forestar a un ritmo de 100.000 hectáreas por año para poder cumplir con los objetivos fijados en la ley de promoción, apenas se alcanzan 25.000 / 30.000 hectáreas anuales, que no solo son insuficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, sino que la mayor industrialización de los recursos maderables podrían conducirnos a un "apagón forestal".

Antecedentes del seguro verde

A través de la Resolución 219/2018, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)  reglamentó la póliza digital automotor e impulsó también la digitalización de todas las pólizas de seguro, entre otras medidas.

De acuerdo a los cálculos del organismo, la despapelización de los seguros le generaba a las compañías un ahorro del 1%  sobre el valor de cada póliza (tramitación, armado, envío y archivo del documento).

La SSN propuso a las aseguradoras que voluntariamente destinaran los recursos ahorrados a financiar parcialmente la Ley de Promoción Forestal (Ley N°25.080). Más de una decena de compañías adhirieron al "Seguro Verde".

Para administrar el flujo de los fondos aportados, a través de una resolución conjunta de la SSS y la entonces Secretaria de Agroindustria, se creó el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros PROSAS, donde se estableció el destino  de ese 1%:  por un lado, la mayor parte de los fondos (90%) se dirigía al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para promover inversiones en nuevos emprendimientos forestales, junto con un cronograma de fechas de cobro y distribución. El restante 10% se destinaba a acciones de promoción de la cultura aseguradora a través de campañas publicitarias.

Desde su implementación hasta diciembre de 2019 el "Seguro Verde" había otorgado algo más de 640 millones de pesos para forestaciones en 17 provincias, sumando una superficie de más de 120 mil hectáreas, quedando un saldo para ejecutar correspondiente al tercer trimestre de 2019 de 154 millones de pesos, de acuerdo a la rendición presentada en la reunión de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 realizada en diciembre de 2019. La actualización de esos datos llevó el monto hasta unos 788 millones de pesos.

Las cifras demuestran claramente que el PROSAS se transforma en una herramienta importantísima que permitió en dos años beneficiar a más de 1.100 pequeños y medianos productores forestales, a lo que se debe sumar que es un sistema realmente sano y transparente, direccionado a cada forestador, con fiscalizaciones de las provincias, y con controles satelitales.

En CONFIAR alertan que actualmente, las plantaciones forestales en Argentina están en retroceso en varias cuencas forestales. “La falta de inversiones industriales de importancia y la falta de financiamiento estable de la Ley 25080 de Promoción de Inversiones en Bosques Cultivados ha desincentivado las plantaciones”. Por esta razón – dicen – “apoyamos la pronta aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley S806/21 mediante el cual se crea el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS) para financiar la Ley 25080”. Y aseguran que “un relanzamiento de la promoción de la Ley 25080 con el financiamiento asegurado junto con el objetivo de la expansión de la foresto-ganadería para equilibrar el balance de carbono en el sector agropecuario permitiría un nuevo impulso al sector foresto industrial”.

Con tal motivo el Consejo Foresto Industrial Argentino – CONFIAR el 8 de marzo pasado envió cartas al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; al Presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Pedro Martínez; al Interbloque de Diputados de Juntos para el Cambio; y al Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara, Carlos Heller, donde reitera el pedido de pronto tratamiento del proyecto de Ley S 806/21 por el que se crea el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS).

Al mismo tiempo solicita una reunión con el objetivo de ampliar la información y responder a todas las consultas que surjan, ya que “nos preocupa la desinformación que se observa en los medios a partir de los incendios que se produjeron fundamentalmente en la provincia de Corrientes”.

Más adelante se señala que en los incendios del NEA se afectaron más de 40.000 has de plantaciones forestales lo que implica “la necesidad de replantar unos 40 millones de árboles y muchos productores forestales se encuentran desincentivados a plantar nuevamente frente a esta pérdida”.

La aprobación de PROSAS “permitirá financiar los compromisos asumidos por Argentina en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2021, a la vez que colaborarcon la recuperación del sector”, concluyen en CONFIAR. 

Por Roberto Luis Minoli

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